Desde hace muchos años, hemos visto que el gobierno mexicano ha intentado formalizar el manejo de la subcontratación de personal. Reformas como la del seguro social y laboral dan un indicio de esa intención. Pero, todo parece indicar que las cosas se han quedado, justo, en buenas intenciones.
Los números de informalidad son apremiantes y mismo caso para las malas prácticas asociadas al outsourcing. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) en el país existen poco más de 900 empresas que ofrecen el servicio de subcontratación, de las cuales solo 337 tienen el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 100 están dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y sólo sobre 40 se tenía registro del pago de impuestos.
A nivel internacional, alrededor de 250 millones de personas se integran al mercado laboral a través de empresas de outsourcing, una industria que equivale a 100,000 millones de dólares. En Alemania, por ejemplo, 12% de los nuevos trabajos son subcontratados, 19% en Francia y 24% en Brasil. En México, el porcentaje es todavía más alto, ya que del 2013 a la fecha una tercera parte de los empleos creados cada año es por medio de outsourcing.
Bajo este escenario, podemos concluir que existe un problema, centrado de manera particular en las malas prácticas. La pregunta es ¿cómo corregir esta situación de forma ideal?
ELIMINAR OUTSOURCING, ¿PROPUESTA VÁLIDA?
Este esquema no puede ni debe desaparecer, las consecuencias de esto es un impacto negativo para el mercado nacional, que se traduce en pérdida de empleos, pérdida de flexibilidad para las empresas y un fuerte golpe para la competitividad del país.
Un elemento que no debemos perder de vista es que el gobierno debe apoyarse con la iniciativa privada para crear un mecanismo en el cual el gobierno recaude impuestos, se respeten los derechos a los trabajadores y los empresarios reciban servicios de subcontratación en el marco legal determinado. Insistimos en que la solución no es eliminar, sino cumplir con los mecanismos ya establecidos en la Ley de supervisar y sancionar a las empresas que incurran en prácticas ilegales.
La AMECH, sus miembros y otras dependencias patronales han hecho mucho cabildeo para que sus recomendaciones sean tomadas en cuenta por el gobierno.
Lo que suceda con la subcontratación tiene una fecha en puerta: será a partir de febrero, en las siguientes mesas de trabajo en las Cámaras, que se pueda responder a la pregunta de si el lobbying realizado por cámaras empresariales e iniciativa privada genere un beneficio para la economía, para las organizaciones que utilizan el outsourcing de manera legal. O, y es el escenario menos favorable, que esta iniciativa solo se quede como un acto político.
Alexandre Rodel
Director General – Acuatro Staffing
Presidente – Asociación Empresarial Mexicano Suiza (AEMS)
